Pueblos ¿Originarios?

Los medios cubren hoy, todos con la misma brevedad y efimeridad que demanda el consumo mercantil de noticias, la represión estatal-provincial de aborígenes qom en Formosa, con muertos aborígenes (imposible confirmar el numero por la falta de datos y la renuencia de la comunidad qom a dejarse atrapar por estadísticas u hospitales “argentinos”) y un oficial de policia muerto. Todos con heridas de bala cuyo calibre concuerda con las armas reglamentarias de los mismos oficiales encargados de desalojar (sentí aquí la tentación de colocar comillas como más arriba en “argentinos” pero considero que ya no hacen falta; cualquier eufemismo será rapidamente reconocido por el lector) a los aborígenes ante una orden judicial.

El hecho en sí es conocido por su insistencia en repetirse cíclica y regularmente, no obstante los vaivenes e interrupciones del interés publico y mediático. Un conflicto de intereses territoriales, la posesión legal del territorio en tanto bien privado suscita la judicialización de un conflicto entre X que reclama poseer el “derecho” (otra vez comillas pero esta vez sirven para marcar la bivalencia de “derecho” en tanto la veracidad y moralidad del reclamo, y en tanto su adscripción al marco y la institucionalidad judicial del Estado) sobre tal delimitación territorial y una comunidad aborigen que afirma poseer el derecho no A LA tierra, sino a su usufructo y habitabilidad. X sostiene ser el dueño legal de tal bien, la comunidad Y sostiene que no hay tal bien, sino el suelo en el que siempre vivieron y del que siempre vivieron. Lo que en teoría es un litigio judicial en términos de posesión de la propiedad, desde la óptica alterna aborigen reviste el carácter de un litigio por los términos en que un aparato y una episteme alterna se adjudican prerrogativas sobre su praxis vital.

No se trata siquiera de los límites del poder estatal respecto a la esfera del dominio privado, se trata de dos sistemas ideologicos, y praxis vitales contrapuestas. La regulación de derechos aborigenes con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Argentina (Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.) simplemente coopta esta alteridad conflictiva regulándola (inscribiéndola) en el aparato institucional del estado, y así la “justicia” de un reclamo como el de la comunidad qom pasa de ser una disputa entre una praxis vital “preexistente” como engañosamente reconoce la constitución, y otra contrapuesta y radicalmente diferente, a ser un litigio “jurídico” sobre la posesión de un bien, por parte de dos instancias sub-estatales, con lo que se desplaza la preexistencia hacia el Estado, con sus subsecuentes prerrogativas.

Que luego salgan a hablar soldaditos de papel como D'Elia defendiendo el reclamo de los compañeros indiecitos, o que la presidenta para ponerle mas color (el color de las plumitas del jefe sioux) a su fiestita bicentenaria, monte un show recibiendo a las comunidades aborígenes en la Rosada y les prometa reconocer sus “derechos”, sólo refuerza esta fantochada estatal que nunca reconoció (ni reconocerá puesto que su misma existencia niega cualquier alteridad para-estatal) la praxis vital de miles de comunidades relegadas a los margenes y pliegues de la imaginación nacional, ocultos por entre los dobleces de la nación se encuentran los parias del nuevo siglo, ya no pobres, ni marginales condenados por la explotación del mercado capitalista, sino fantasmas silenciados por un Estado que les niega cualquier entidad por fuera de la jaula de hierro.

Así lo que alguna vez fue la mayor vergüenza del peronismo y de la Historia Argentina, el llamado Malón de la Paz, hoy es vuelto a meter en los esqueletos y despojos de los ferrocarriles nacionales, expulsados del centro de una imagen de la Nación que repele cualquier interferencia o acorde disruptivo.